Por otra parte, como ya sabéis, el uniforme se utiliza sobre todo en los colegios concertados y privados, y son contados los centros públicos que cuentan con ellos. ¿No puede que se impongan también para distinguir a los vástagos que acuden a estos centros de los que van a la sufrida enseñanza pública? ¿No se utilizará el uniforme como un forma de identificación de las clases pudientes que en modo alguno quieren que confundan a sus jóvenes pimpollos con los miembros de las clases menos favorecidas? De ser así, que pena de la escuela que contribuya a crear ciudadanos clasistas, preocupados solo de identificarse con un grupo privilegiado.
Puede, no obstante, que detrás de todo esto no exista más que otro de los grandes negocios relacionados con la educación, un negocio que permite a los centros privados y concertados aumentar sus ingresos. De no ser así, no se entendería que estas prendas que tienden a la uniformidad, como su propio nombre indica, lleven cada vez más puñetas encima y escudos patentados que los individualicen, y solo puedan adquirise en determinados comercios o, incluso, exclusivamente en los centros que los imponen. Y esto no lo digo yo; las Asociaciones de Consumidores llevan denunciándolo desde hace años. El País ya hablaba del tema el año pasado e indicaba cómo los Colegios concertados hacen negocio con los uniformes escolares (pinchar en la noticia y leer, pues resulta muy esclarecedora).
Pero lo que me parece aún más interesante es el hecho de que en determinadas autonomías han empezado a tomarse medidas para evitar que se siga comerciando con la educación y, sobre todo, para defender los derechos de los consumidores por encima de intereses personales que solo enriquecen a algunos. De este modo, el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC) Recomienda a los centros escolares que liberalicen la venta de material escolar como los uniformes (noticia de Europapress), lo cual deberán aplicar ya durante este curso. De no hacerlo, dicho Tribunal iniciará una investigación para analizar el grado de cumplimiento de estas medidas e instará al Servicio Vasco de Defensa de la Competencia a incoar expedientes sancionadores en contra de aquellos centros educativos que persistan en este tipo de "prácticas anticompetitivas". Es decir, que, por esta vez, parece que se defenderán los derechos de la mayoría y no solo los de las minorías que están dispuestas a comerciar con todo. Esperemos que en nuestra comunidad los padres y las Asociaciones de Consumidores no tarden mucho en emprender el mismo camino, y, sobre todo, que los centros educativos, por el bien de nuestros hijos, se den cuenta de que su función es la Educación y no el comercio, porque con los alumnos no se puede ni se debe hacer negocio.
No dejar de leer tampoco la noticia publicada en El País, con posterioridad al artículo anterior, el 7/09/2011, Vigilancia sobre el uniforme.








